Las
nuevas constituciones, creadas al amparo de una nueva corriente iusfilosófica,
el postpositivismo, que conjuga el derecho positivo y el derecho natural, al
impregnar reglas jurídicas y marcos conceptuales a los estados, en los que se
incluye la división de poderes, programas y principios, traen consigo un
problema fundamental: determinar cual es el método mas apropiado para la
interpretación de la constitución, ya que según Bockenforde, “los métodos de la
interpretación constitucional producen como resultado en definitiva…la
degradación de la normatividad de la constitución…lo que se resuelve buscando
la competencia atribuida y en su inserción en el orden de competencias
articulantes de poderes de la constitución”
Hay
así una necesidad de determinar si el texto constitucional necesita un método
de interpretación diferente al de la interpretación de la ley, particularmente
por el hecho de que al estar llenas de principios, las normas constitucionales
sufren de una particular indeterminación, que aparentemente conlleva a un desplazamiento de poder del legislativo
al judicial, lo cual no es cierto porque las normas constitucionales no
desplazan nada, “no se abren impropiamente a la política, a la inspiración
subjetiva, al libre albeldrío del interprete” sino que le piden al juez a
través de una argumentación jurídica no material (entendida la material como la
moral) que se enfrente a la petición que se le ha hecho, debiendo hacerlo
dentro del marco jurídico constitucional.
Es
por ello se hace necesario determinar cual es ámbito competencial determinado
por la constitución, para determinar así el objeto de la misma y
consecuentemente determinar que tipo de interpretación ha de tener la
constitución. Pozzolo indica según el objeto, las constituciones
postpositivistas adoptan un modelo descriptivo de la constitución concebida
como norma y un modelo axiológico de la constitución concebida como norma (modelo
al que pertenece la constitución promulgada en enero 2010 en nuestro país); de
donde resulta que en el primer caso la constitución tiene un nivel de ley,
razón por la cual no hay grandes complicaciones al momento de interpretar: solo
ha que recurrir a Savigny y sus cuatro métodos de interpretación y el problema
se habrá resuelto; pero en el segundo caso, el interprete constitucional para
atribuid significado a las disposiciones constitucionales, y
particularmente a aquellas que contienen
principios, tienen que recurrir a la moral para llegar a una decisión, ya que
la misma se constituye en una guía, como un mecanismo con fuerza suficiente
para modelar las relaciones sociales.
El
asunto es que las constituciones admiten varias interpretaciones, lo que
conlleva necesariamente a una disgregación de sus decisiones y a consecuentes
cambios en sus decisiones, lo que desde el ángulo de la seguridad jurídica
podría verse como preocupante, ya que con el catalogo de argumentos jurídicos
que hay a disposición del juez
constitucional, difícilmente puede determinarse cual será su decisión. Para
ello basta con indicar una cita de Néstor Pedro Sagues, de la Corte Suprema
La
razón por la que existen decisiones tan variopintas en un tribunal
constitucional, es que en primer lugar todo dependerá del método de
interpretación utilizado, (si se le da prioridad a la interpretación literal, a
una originalista, teleológica, etc., y que posteriormente corrija después sus
decisiones a través del filtro de las consecuencias, de la justicia, del
equitativismo, de la concertación política, de la razonabilidad, de la
funcionalidad, de la prudencia y de la previsión entre otras) y en segundo
lugar de la composición cambiante del tribunal (nótese como en nuestro país la
constitución establece en su artículo 187, párrafo único, que se ordena una
renovación gradual de la matricula del tribunal constitucional cada tres años
por lo tanto, solo de manera excepcional los recién designados, podrían durar
los nueve años juntos, pero de ahí en adelante la coherencia en sus decisiones
será un misterio), además de las particularidades propias del caso, pues el
juez debe dar respuestas útiles a los problemas que le toca resolver, que son
conflictos reales que pueden demandar una decisión ad hoc, particularmente en
periodos de crisis.
Algo
que pudiere unificar los criterios constitucionales es la tesis que Zagrebelsky
defiende denominada constitucionalismo universal, la cual tiene su fundamento
en que existe ya un patrimonio de contenidos fundamentales que se encuentran
con notable solemnidad en las constituciones estatales hoy vigentes: por
ejemplo la igualdad y la no discriminación de los seres humanos, su
dignidad y la prohibición de tratos
degradantes, la protección de las minorías, los derechos a las libertades
clásicas y los derechos sociales, la democracia y el derecho al autogobierno de
las comunidades locales, la protección de las identidades culturales, que son
principios que actúan en el cuadro de los meta principios de la racionalidad y
la proporcionalidad de la ley. De la interpretación de estos principios, cuando
la jurisprudencia se inspira en orientaciones comunes, puede progresivamente
formarse un mínimo común denominador constitucional ultraestatal,
“administrado” por jurisdicciones constitucionales locales, donde se puedan
encontrar respuestas comunes a cuestiones con repercusiones generales.
Se
basa esta tesis en un derecho constitucional que se convierte en lo que antes
se denominaba ius gentium, y que ha sido corroborada incluso por tribunales
como el de Estados Unidos, el cual en 2003 en el caso Lawrence Vs texas, citó
el caso Dudgeon Vs United Kingdom, donde la Corte Europeala Convención Europeala Corte Suprema
No
obstante esta internacionalización del derecho constitucional, hay sectores
reacios que propugnan que tal situación constituye una violación a la soberanía
nacional, y han calado tanto que el congreso estadounidense presento una
iniciativa de ley –el Constitution Restoratios Act- en la que se inhibe a los
jueces de interpretar la constitución tomando en consideración documentos
jurídicos distintos de los nacionales, incluyendo las decisiones de Cortes
Constitucionales o supremas de otros Estados o de tribunales internacionales de
derechos humanos; lo que podría responderse con una sentencia del tribunal
argentino, que cita Sagues, cuando indica “que en situaciones en las que el
texto argentino seguía al pie de la letra al norteamericano, o por lo menos con
identidad de propósitos, de análogas o parecidas prescripciones, no sería
empero prudente subestimar los valiosos elementos de interpretación y
aplicación que allí (en los Estados Unidos) sirvieron para aquilatar el alcance
de los preceptos constitucionales…”
El
derecho constitucional universal será pues, una regla de imposible evasión,
pues si otros tribunales constitucionales han ya indicado que significa una
cosa, resulta contraproducente que en un mundo cuya sociedad a pesar de su
pluralismo, resulta ser culturalmente homogénea en cuanto a sus principios, por
lo que es preciso, modificar la regla de conocimiento y aceptar el hecho de
que, en ciertos casos, y dado que los principios son jurídicos, el derecho es
considerado válido no en razón de un test de pedigree sino en razón de un test
moral, el cual por definición, no se basa en la génesis de los principios sino
en su contenido, puesto que las cortes de justicia tienen por así decirlo,
raíces que se asientan en condiciones
políticos-constitucionales nacionales pero tienen la cabeza dirigida a
principios de alcance universal, por lo que cerrarse a si mismas significa
solamente una cosa: predisponerse a políticas constitucionales y de los
derechos humanos funcionales solamente a los exclusivos intereses nacionales.
Por
lo tanto, ante el lamento de que ius gentium, como norma supraconstitucional a
través de las decisiones de otros tribunales, nacionales o internacionales,
constituye una vulneración a la soberanía estatal, hay que recordar que la justicia constitucional es una cosa de la
república, en cuanto las res populis es la res totius populi; y, si es cosa de
todo el pueblo, no puede ser de alguna de sus partes, ni siquiera de la
mayoría. Tal y como se expresa en una decisión de la Corte Suprema
Ahora
bien, cuales son las características argumentativas del juez constitucional?
Para Pozzolo, La base de esta respuesta esta en su corriente iusfilosófica, el
neoconstitucionalismo que establece la proclividad de argumentaciones dirigidas
a sostener la especificad de la interpretación constitucional respecto a la de
otros documentos normativos y, específicamente, respecto a la ley. Esta
especificidad tiene características se pueden sintetizar en algunas
formulaciones:
- Principios
versus normas. Ya el ordenamiento jurídico no
esta solo constituido de normas y reglas específicas aplicables al caso
prima facie, hay unos principios que no se excluyen entre si y que se
encuentran cargados con un alto contenido moral.
- Ponderación
versus subsunción. El juez constitucional no puede
bajo el método de la subsunción resolver los conflictos entre principios.
Solo a través de la ponderación o balanceo se obtiene una solución
correcta. Este método consta de 3 pasos:
a) Localización de los principios
aplicables al caso.
b) Sopesar y jerarquizar los principios
aplicables.
c) Determinar la jerarquía axiológica
aplicable al caso en concreto.
- Constitución
versus independencia del legislador. Ya la
constitución no tiene por objeto únicamente la distribución y la
organización de los poderes, sino que presenta un contenido sustancial que
condiciona la validez de las normas subconstitucionales. Por lo tanto el
juez constitucional tiene un deber insólito: anular toda legislación
contraria a la constitución.
- Jueces
versus libertad del legislador. Ya el legislador no está atado
tan solo a los dictámenes de la constitución, la jurisprudencia
constitucional es también una guía obligatoria, puesto que al juez se le
encarga un continuo adecuamiento de la legislación a las prescripciones
constitucionales.
Lo
que si es indudable es que los jueces constitucionales, en razón del gran
abanico de posibilidades interpretativas que tienen a su disposición tienen en
su haber la posibilidad de jamás quedar estáticos ante el paso del tiempo,
pudiendo, cada vez que las circunstancias así lo demanden cambiar su
precedente, siempre que cumplan con las dos reglas aureas que surgen en la
tesis de Esser:
- Si puede aducirse un precedente a
favor o en contra de una decisión, hay que aducirlo.
- Quien quiera apartarse de un precedente,
corre con la carga de la argumentación.
La
tesis de Esser se confirma con una decisión del tribunal español (STC 222/92)
cuando un magistrado en un voto particular indicó: “no se trata, claro está, de
sacralizar el respeto a la jurisprudencia constitucional, de modo que resulte
imposible su cambio o modificación. Ello conduciría a una petrificación, a
todas luces indeseable, de nuestra interpretación constitucional. Es, pues, no
solo legitima, sino también saludable, una evolución progresiva de en la
interpretación constitucional. Pero ello debe hacerse, además de con la
necesaria prudencia y equilibrio, siempre de manera explícita y razonada, para
no generar incertidumbre e inseguridad jurídica respecto del sentido y alcance
de la interpretación constitucional que a este tribunal compete. Si los cambios
u oscilaciones bruscos en toda jurisprudencia son siempre peligrosos, lo son
mucho mas cuando de la jurisprudencia constitucional se trata.
En
conclusión, cuando de constitución se trata, el paradigma actual es el
neoconstitucionalismo, corriente del pensamiento jurídico que integra al
derecho positivo principios generales de corte moral y con valor superior a
todas las normas subconstitucionales, razón por la que la subsunción ya no es
el método ideal para resolver los conflictos entre ellos, es la ponderación el
nuevo método a utilizar, tomando en cuenta que el objeto de las constituciones
de corte postpositivista es que estos valores que pululan en las constituciones
sean el norte a seguir por estados. El derecho natural está en la constitución
y en consecuencia las decisiones de otros tribunales constitucionales y/o
internacionales son también parte de ese derecho “gentes” que en cuanto
“gentes” deben ser aplicados a todas las personas independientemente del estado
a que pertenezcan.
Bibliografía:
- Sagues, María Sofía; Dinámica
Política del Control de constitucionalidad en
- Revenga Sánchez, Miguel; Notas
sobre justicia constitucional e interpretación de la constitución, VII
Curso de Justicia Constitucional (septiembre 2005), Instituto de Derecho
Público Comparado.
- Zagrebelsky, Gustavo; Jueces
Constitucionales, Discurso oficial pronunciado frente al presidente de
- Pozzolo, Susana;
Neoconstitucionalismo y Especificidad de
- Sagües, Néstor Pedro;
Interpretación Constitucional y Alquimia Constitucional, pags. 151-170.
- Zagrebelsky, Gustavo; El juez constitucional en el siglo XXI, Ponencia presentada en el 1 congreso internacional de justicia constitucional y V encuentro iberoamericano de derecho procesal constitucional, celebrado en Cancún, México en mayo del 2008.
- Constitución Política Dominicana del 26 de Enero del 2010.
